También se profundizó en las recientes reformas de la ZEC en los ámbitos de transporte aéreo, operaciones triangulares, territorios no cooperativos, intangibles y tasa de solicitud.
La Zona Especial Canaria (ZEC) propondrá ajustes para aprovechar la oportunidad del impuesto mínimo para mejorar la competitividad fiscal. El ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España ha sacado a consulta pública la norma para la transposición al derecho español de la directiva europea relativa al establecimiento de un nivel mínimo global de imposición aplicable a las multinacionales y a los grupos de grandes empresas nacionales en la Unión Europea (UE).
En esta fase, el Ejecutivo nacional recogerá las aportaciones de los interesados y organismos para introducir mejoras en la trasposición. Al respecto, el presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández González-Barreda, explicó que el impuesto mínimo mejora las oportunidades de atracción de inversión de Canarias porque permitiría competir de “tú a tú” con otros territorios.
Hernández comenzó recordando que la tributación mínima afecta a muy pocas empresas a nivel mundial, no siendo aplicable a las que facturen menos de 750 millones de euros a nivel mundial, que es precisamente donde Canarias es más competitiva. En relación con las entidades que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial, el máximo responsable del organismo del REF afirmó que Canarias no perderá competitividad porque la directiva prevé una exclusión de aquellas empresas con trabajadores y activos en el territorio. “Esta normativa realmente ataca a aquellas jurisdicciones fiscales que promueven mejoras fiscales sin sustancia, artificiales, con sociedades cascarón vacías de actividad, por lo que los incentivos fiscales de Canarias, que están basados en la actividad efectivamente hecha en las islas, prácticamente no se verán afectados”.
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En cuanto a las pocas empresas que puedan estar afectadas por el impuesto mínimo, el presidente de la ZEC anunció que el organismo está trabajando en propuestas que permitan mejorar la competitividad dentro del marco de las normas de tributación mínima. “La exclusión no es una opción porque es el peor de los mundos. Las reglas están hechas de forma que, si el impuesto mínimo no lo recauda España, el resto de los países con alguna conexión con la empresa, tienen derecho a cobrarlo, y te quedas sin el efecto económico del REF y sin la recaudación”. En este sentido, explicó que se está analizando impulsar que la recaudación del impuesto mínimo por el REF se transfiera a los organismos que gestionan el régimen fiscal canario, la potenciación de los créditos monetizables o el establecimiento con esos recursos de subvenciones al empleo o actividades innovadoras, además de medidas de participación administrativa.
Estas declaraciones se produjeron en el marco de unas jornadas dirigidas a asesores fiscales celebradas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para profundizar sobre las novedades relativas al incentivo del REF como: el transporte aéreo, operaciones triangulares, intangibles, territorios no cooperativos y tasa de solicitud, que se recogen en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y que modifican La Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Estas reformas mejoran la seguridad jurídica y suponen también una oportunidad para atraer más inversión.
Canarias es pionera en baja tributación basada en sustancia, no perderá competitividad, sino que puede ganarla, proyectándose la medida como una gran ventaja. “Lejos de una amenaza, la ZEC puede estar ante una oportunidad única, ya que es un ejemplo internacional de incentivo fiscal legítimo que cumple con los estándares internacionales El hecho de ser un organismo legítimo le otorga un mejor posicionamiento”, remarcó. En cambio, los territorios agresivos y, que dan cobertura a estructuras artificiales y serán los grandes perjudicados por la medida.
El impuesto mínimo global es una iniciativa propuesta por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apoyada por los gobiernos del G20 para fijar un impuesto mínimo universal para las grandes compañías que las obligará a tributar al menos un 15% del Impuesto de Sociedades en todos los países donde desarrollen activad empresarial. Se busca acabar con la deslocalización fiscal artificial, mecanismo por el que las grandes compañías establecen sus sedes en jurisdicciones con una fiscalidad reducida y tributan en estas por todos los ingresos que perciben en diferentes países. El objetivo es asegurar que contribuyan en territorios donde realizan sus negocios.
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