España refuerza la vigilancia de sus mares con una inversión de 25,76 millones
El Gobierno autoriza un convenio entre el MITECO y el CSIC para mejorar el conocimiento científico de las aguas españolas, revisar su estado ambiental y avanzar en la ordenación del espacio marítimo, con implicaciones para actividades como la navegación, los puertos, la eólica marina o la acuicultura.
El Gobierno quiere reforzar el conocimiento de lo que ocurre bajo la superficie de los mares españoles. El Consejo de Ministros autorizó este 1 de septiembre un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) destinado al desarrollo de las estrategias marinas españolas, con un presupuesto anunciado de 25,76 millones de euros.
El acuerdo permitirá intensificar la colaboración entre la Dirección General de la Costa y el Mar y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), que asumirá un papel central en la obtención, tratamiento e interpretación de información científica sobre los ecosistemas marinos.
El MITECO aportará 15.649.840 euros durante 2026 y 2027, mientras que el CSIC contribuirá, según la información difundida por el Gobierno, con 9,62 millones de euros mediante recursos propios, investigación y actuaciones relacionadas con la adquisición y análisis de datos.
Saber qué ocurre en el mar antes de decidir sobre él
Las estrategias marinas constituyen uno de los principales instrumentos de planificación ambiental de las aguas españolas. Derivan de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina de la Unión Europea y fueron incorporadas al ordenamiento español mediante la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino.
Su objetivo es evaluar periódicamente el estado de los mares, determinar qué se considera un buen estado ambiental, establecer objetivos para alcanzarlo y poner en marcha programas de seguimiento y medidas concretas.
España está dividida a estos efectos en cinco grandes demarcaciones marinas: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria.
El nuevo convenio permitirá ampliar los trabajos de observación, seguimiento y evaluación, además de adquirir y procesar nuevos datos científicos. También deberá servir para revisar la propia definición de buen estado ambiental y establecer los objetivos que guiarán las políticas públicas durante los próximos años.
No se trata, por tanto, simplemente de financiar campañas oceanográficas. La intención es construir una base científica más sólida sobre la que adoptar decisiones que pueden afectar al conjunto de actividades desarrolladas en el mar.
Un asunto que también interesa a los puertos
El componente portuario aparece precisamente cuando la protección ambiental entra en contacto con la ordenación del espacio marítimo.
El convenio contempla expresamente trabajos vinculados con esa planificación, un terreno especialmente sensible ante la creciente competencia por el uso del espacio marino.
En una misma franja de mar pueden confluir rutas de navegación, zonas pesqueras, espacios protegidos, acuicultura, cables submarinos, instalaciones energéticas, áreas militares, proyectos científicos y necesidades asociadas a la expansión o funcionamiento de los puertos.
Los actuales Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) contemplan, de hecho, zonas de uso prioritario para la seguridad de la navegación y zonas de alto potencial para la actividad portuaria, además de espacios destinados a eólica marina, acuicultura, biodiversidad o investigación.
Esto convierte la calidad del conocimiento científico en una cuestión también económica. Cuanto mejor se conozcan los ecosistemas, fondos marinos, hábitats, cetáceos, corrientes, presiones ambientales o efectos acumulativos de las diferentes actividades, mayor será la capacidad para planificar nuevas infraestructuras reduciendo conflictos.
Los propios POEM tienen entre sus principios la mejora de la competitividad de los sectores marítimos, el aprovechamiento del espacio disponible y la convivencia entre usos, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad y conservación de los ecosistemas.
Conviene matizar que las zonas I y II de los puertos de interés general del Estado quedan fuera del ámbito directo de aplicación de los POEM, al igual que las zonas de servicio de los puertos autonómicos. Pero las aguas que los rodean, los accesos marítimos y las interacciones tierra-mar hacen que las decisiones tomadas en esta planificación tengan relevancia para el sistema portuario.
El reto de repartir un mar cada vez más solicitado
La cuestión adquirirá todavía más importancia durante los próximos años.
España se encuentra inmersa en el tercer ciclo de sus estrategias marinas, correspondiente al periodo 2024-2030. Estas estrategias se desarrollan mediante cinco grandes fases —evaluación inicial, definición del buen estado ambiental, objetivos ambientales, programas de seguimiento y programas de medidas— y se revisan en ciclos de seis años.
Paralelamente avanza la revisión de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. El proceso está poniendo sobre la mesa asuntos especialmente complejos, entre ellos el desarrollo de la eólica marina, su convivencia con la pesca, la navegación, los cables submarinos, la biodiversidad o las interacciones entre el mar y las actividades desarrolladas en tierra.
Para los grandes puertos españoles, esta planificación no es un asunto menor.
Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao, Huelva, Cartagena, Tarragona, Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife dependen de accesos marítimos seguros y de suficiente espacio para desarrollar futuras actividades vinculadas a combustibles alternativos, energía offshore, reparación naval, suministro a instalaciones marinas o nuevas cadenas logísticas.
Especialmente significativo es el caso de Canarias, que constituye por sí sola una de las cinco demarcaciones marinas españolas y donde confluyen una enorme superficie marítima, elevada biodiversidad, tráfico internacional de buques, pesca, turismo náutico, actividad portuaria y expectativas de desarrollo de energías renovables en el mar.
El reto será lograr que todas esas actividades convivan.
Y para repartir un espacio marino cada vez más demandado hay una condición previa difícilmente discutible: conocerlo mejor.
El convenio aprobado por el Gobierno pretende precisamente reforzar esa base científica. Porque la ordenación futura de los mares españoles dependerá cada vez menos de dibujar líneas sobre un mapa y cada vez más de disponer de datos suficientes para saber qué actividades pueden desarrollarse, dónde pueden hacerlo y bajo qué condiciones.
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