La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, decidió retirar el punto 10.1.7 del orden del día del consejo de administración del ente portuario celebrado este jueves, al considerar que el expediente necesitaba de información complementaria que documentara la propuesta de asumir el coste del despacho de abogados madrileño Oliva-Ayala para la defensa del ex-presidente Luis Ibarra, inmerso en una querella judicial, por prevaricación, calumnias y acoso laboral presentada por la ex jefa de Dominio Público de la entidad, y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas.
Calzada retiró ese punto del orden del día, para aportar un expediente que documente con claridad asumir este gasto para defender al que fuera presidente de Puertos de Las Palmas en el desarrollo de su legítima actividad en el cargo. Hay que ser «muy cuidadoso y muy diligente» con estos asuntos, ha señalado la presidenta a este medio, «para que en el próximo consejo de administración podamos tomar una decisión al respecto».
No ocurre así con las otras dos personas, el director, Francisco Trujillo, y la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez, empleados de la casa, ya que la decisión de asumir la defensa de los trabajadores del Puerto es competencia de la presidenta, y por tanto ya ha dado el visto bueno para asumir esos 30.000 euros del coste del despacho de abogados que los defenderá. Esta no se puede aplicar para una persona que ya no está vinculada a la Autoridad Portuaria, pero que ha sido su presidente. Esta decisión corresponde al Consejo de Administración.
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Secuencia de los acontecimientos
Hay que recordar que la Autoridad Portuaria en mayo de 2022 solicitó a Puertos del Estado la manera de proceder ante una situación que consideran anómala en el Departamento de Gestión Demanial y Patrimonial de esta organización: la relación familiar entre la jefa de departamento con un ingeniero, su marido. Situación que generaba que se abstuviera voluntariamente en la tramitación de expedientes en los que participaba su pareja, aunque la Autoridad Portuaria entendía, y así se lo manifestó en la consulta a Puertos del Estado, que no era una “abstención pura”, ya que está afectando a la gestión de dicha unidad organizativa al no poder contar con su desempeño. Por ello solicitaba la posición del organismo ante un cambio de funciones, de la titular del departamento, pero respetando su grupo profesional.
Puertos del Estado, desde la Subdirección de RRHH y Servicios Generales, responde en junio de 2022 al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, avalando la tesis de incompatibilidad funcional que se generaba en la situación descrita y en la necesidad de apartar de ese departamento a la mencionada jefa, y aludiendo que es tal como se expone en el Plan Antifraude del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del cual depende Puertos del Estado orgánicamente, resulta aplicable. Y concluye que «es evidente que cualquier acción que pueda conocer en este tipo de intereses, aun absteniéndose y siendo la responsable del departamento, no parece conveniente que pueda acceder a expedientes donde el familiar indicado participe, dejando a la Autoridad Portuaria en riesgo de cualquier denuncia y teniendo conocimiento la misma de dicho conflicto de intereses. Desde la responsabilidad que ostenta es muy complicado manejar esa situación y podría incurrir en una falsa ausencia de conflicto de intereses y le llevaría consigo consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales, además de comprometer a la gente de su propio departamento. Por tanto, desde mi Subdirección nos parece adecuado que se le pueda aplicar una movilidad y el cambio de funciones que me comentas en tu carta.»
La jefa del departamento en cuestión, coincidiendo en fechas con estas consultas, inicia un periodo de baja por incapacidad temporal, a la que encadena una excedencia sin sueldo, que le lleva a estar fuera de la Autoridad Portuaria más de una año. Y es en el momento de su reincorporación, antes del inicio del verano de 2023, cuando se lleva a cabo la movilidad hacia la Jefatura de División de Servicios Jurídicos.
Toda esta información, además se puso en conocimiento en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de mayo de 2023, y como tal figura en el acta de la sesión ordinaria, donde además se recoge el testimonio del director denunciando la injerencia de la citada jefa de departamento en expedientes en los que su marido participa, a pesar de que formalmente se abstendría en dichos procedimientos.
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