La flota atunera europea, representada por la organización Europêche, de la que forman parte las españolas OPAGAC y ANABAC, valora la decisión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de reducir de 72 a 45 días el período de veda a la pesca con dispositivos concentradores de peces (FAD, por sus siglas en inglés) en 2025. Esta medida, adoptada en la 24ª reunión extraordinaria ICCAT, celebrada del 11 al 18 de noviembre en Chipre, supone, según Europêche, un alivio de cara a mitigar el impacto socioeconómico que esta veda “excesivamente conservadora” ha generado en la flota comunitaria durante los últimos años.
Asimismo, la organización considera relevante que la medida se alinee con las recomendaciones científicas del comité de ICCAT, que no ha podido demostrar la eficacia de esta veda para proteger el stock de atún patudo, actualmente bajo un programa de recuperación a 15 años (2020-2034). Según las conclusiones de este comité, la moratoria no es necesaria para garantizar la salud del stock, ya que el Límite Máximo de Captura (TAC) y su distribución han sido suficientes. No obstante, ante la falta de una asignación específica para el stock de rabil, el comité científico ha recomendado mantener una veda a la pesca con FAD de mínimo 30 días, a pesar de que las últimas evaluaciones indican que esta especie no está sobreexplotada ni sujeta a sobrepesca.
Europêche aprecia también el apoyo de la Unión Europea (UE) a la adopción de esta medida por tener en cuenta criterios científicos, pero también socioeconómicamente proporcionados. La flota considera que se trata de una buena señal de cara al próximo mandato del comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y “confía así en recuperar parte de la rentabilidad perdida y avanzar hacia un modelo de gestión más equilibrado que proteja tanto la sostenibilidad de los recursos como los intereses de las comunidades que dependen de esta actividad”.
de interés ↷
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A este respecto, Europêche señala que la veda a la pesca con FAD ha tenido graves consecuencias socioeconómicas, especialmente para las conserveras africanas. Muchas de ellas, particularmente en Costa de Marfil y Cabo Verde, se vieron obligadas a cerrar, lo que implicó la pérdida de miles de puestos de trabajo, principalmente ocupados por mujeres que sustentaban a sus familias. En paralelo, la flota de cerco comunitaria operativa en las aguas reguladas por la ICCAT se redujo a la mitad, incluyendo el cese de actividad de dos compañías europeas que dependían exclusivamente del Atlántico.
Además, ICCAT ha acordado límites de captura para el patudo y medidas específicas para garantizar la explotación sostenible del pez espada del Atlántico Norte. Asimismo, se han establecido objetivos operativos iniciales para la gestión del atún blanco del Atlántico Sur, marcando un nuevo hito en la gobernanza pesquera.
En el ámbito de la conservación de tiburones, Europêche celebra la entrada en vigor de las recomendaciones de ICCAT para la protección del tiburón ballena capturado en asociación con las pesquerías del Atlántico, así como de las mantas raya (mobúlidos), un avance significativo en la preservación de estas especies vulnerables. Sin embargo, la organización expresa su profunda decepción por la oposición de China y Japón a la implementación de recomendaciones clave para garantizar la política de aletas adheridas, respaldada firmemente por las flotas europeas.
Según Xavier Leduc, presidente del Grupo Atunero Europêche, «para asegurar que las flotas de la UE no sufran competencia desleal y se promuevan prácticas pesqueras sostenibles, es crucial que los países terceros que operan en aguas reguladas por ICCAT adopten medidas básicas de control, como una lista exhaustiva de buques activos, mayor cobertura de observadores y la implementación de un programa de inspección en alta mar. Aunque entendemos -continua Leduc- que la oposición de algunos países asiáticos dificulta estas iniciativas, es el momento de que la UE adopte medidas más firmes, incluyendo la restricción de acceso al mercado europeo de productos procedentes de flotas que no cumplan con las normativas esenciales contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).»
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