Puertos de Tenerife reserva nuevos espacios para reforzar la presencia de la Guardia Civil
La Autoridad Portuaria prepara un nuevo convenio con el Ministerio del Interior que actualiza el acuerdo de 2010 y amplía las instalaciones destinadas a seguridad, vigilancia, control fiscal y respuesta ante emergencias.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha autorizado la firma de un nuevo convenio con el Ministerio del Interior para ordenar y ampliar los espacios que utiliza la Guardia Civil en los puertos de la provincia. El acuerdo, aprobado en la sesión celebrada el 6 de octubre bajo la presidencia de Pedro Suárez, adapta a las necesidades actuales el marco de colaboración establecido en 2010.
La actuación principal se localiza en los rellenos de la Dársena de Pesca del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí se incorpora una parcela de 4.557,87 metros cuadrados para uso compartido por el Grupo de Reserva y Seguridad de Canarias, el Servicio Marítimo Provincial y la Unidad Fiscal. La concentración de estas unidades persigue facilitar la coordinación de funciones distintas pero complementarias dentro del entorno portuario.
El convenio contempla la construcción de una nave de nueva planta y la rehabilitación de otra edificación existente. Las futuras instalaciones deberán atender labores de seguridad, vigilancia y control fiscal, además de servir de apoyo en emergencias, operaciones especiales y protección de infraestructuras. Se trata de funciones especialmente relevantes en recintos donde confluyen pasajeros, mercancías, embarcaciones, instalaciones críticas y controles fronterizos.
El Ministerio del Interior deberá presentar el proyecto de ejecución en el plazo de un año desde la formalización del convenio. Una vez cumplido ese primer hito, dispondrá de un año adicional para iniciar las obras. El calendario fija así dos obligaciones sucesivas: elaborar y entregar el proyecto técnico y, posteriormente, comenzar materialmente la intervención.
Otros espacios
El acuerdo también regulariza otros tres espacios de la Dársena de Pesca que ya están siendo utilizados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Se trata de dos locales situados en el espaldón del dique y de un área anexa destinada a instalaciones de apoyo. Su inclusión aporta cobertura formal a dependencias vinculadas a la actividad marítima y a la capacidad de intervención de esta unidad.
En el Muelle de Ribera se mantendrá el uso del denominado Edificio Comunidad Portuaria. Este inmueble seguirá funcionando como base para tareas de seguridad ciudadana, resguardo fiscal, inspección y control fronterizo. La continuidad de esta instalación permitirá conservar una presencia operativa en una zona donde se desarrollan actividades portuarias que requieren coordinación con otros organismos públicos.
Otros puertos gestionados por la Autoridad Portuaria
La colaboración se extiende más allá del puerto de la capital. En la dársena de Granadilla se habilitarán locales dentro del Edificio de Servicios Portuarios para la Unidad Fiscal. Desde allí podrán desarrollarse funciones de seguridad, vigilancia y control de personas, mercancías y medios de transporte. La expansión de Granadilla y su orientación industrial y logística hacen especialmente relevante disponer de dependencias estables para estas labores.
Los puertos de La Palma, La Gomera y La Estaca, en El Hierro, también contarán con oficinas incluidas en el convenio. De esta forma, el acuerdo adopta una dimensión provincial y alcanza los cinco puertos de interés general administrados por Puertos de Tenerife. La distribución busca que la Guardia Civil disponga de una base adaptada a las necesidades de cada recinto, evitando que toda la capacidad quede concentrada en Santa Cruz.
La Autoridad Portuaria conservará en todos los casos la titularidad del dominio público portuario. La utilización por parte de Interior deberá ser compatible con el funcionamiento ordinario de los recintos y con la actividad de operadores, servicios y usuarios. Esta precisión delimita el uso institucional de los espacios sin alterar su naturaleza jurídica ni la competencia del organismo portuario sobre ellos.
Pedro Suárez ha señalado que el acuerdo pretende responder a las necesidades actuales de la Guardia Civil y facilitar una labor esencial para la seguridad de las personas y el control de la actividad portuaria. La actualización llega dieciséis años después del convenio inicial, un periodo durante el cual han evolucionado los tráficos, las exigencias de protección y los sistemas de inspección y vigilancia.
La futura firma del convenio no supone el inicio inmediato de las obras, pero sí establece la base administrativa, la asignación de espacios y los plazos para transformar las instalaciones. Su ejecución reforzará la coordinación entre la Autoridad Portuaria y el Ministerio del Interior en materia de seguridad marítima, control fiscal, fronteras, emergencias y protección de infraestructuras estratégicas.
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