(ANAVE) El 23 de marzo, Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo en las reuniones de trílogos sobre el Reglamento Fuel EU Marítimo, por el que la intensidad de carbono del combustible utilizado a bordo de los buques deberá reducirse, desde 2025, respecto de un valor de referencia establecido en la norma. Los porcentajes de reducción se irán endureciendo cada 5 años hasta un 80% en 2050.
La norma establece también que los buques portacontenedores y de pasaje deberán conectarse a la red eléctrica del puerto para suplir sus necesidades de energía eléctrica. Esta obligación se aplicará a partir del 1 de enero de 2030 en todos los puertos de la red transeuropea de transporte y a partir de 2035 en cualquier puerto que disponga de los medios de conexión eléctrica a tierra.
ANAVE valora muy positivamente que el acuerdo establezca exenciones, hasta 2030, para los servicios regulares de pasaje y carga rodada para las rutas sometidas a Obligaciones de Servicio público, y también para Canarias como región ultraperiférica.
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Sin embargo, no prevé una obligación a los suministradores de ofertar combustibles reglamentarios en los puertos, lo que dejará a los armadores con la única opción de hacer frente a una penalización económica en caso de que no estén disponibles. Esta obligación a los suministradores sí figura en las normas equivalentes aplicables al sector aéreo y terrestre. Los fondos obtenidos mediante las sanciones por incumplimiento serán gestionados por los Estados, que deberán destinarlos a la descarbonización del transporte marítimo.
Sotiris Raptis, Secretario General de ECSA, ha afirmado que «FuelEU Maritimo, junto con la Directiva RED y los ingresos del sistema de derechos de emisión utilizados para salvar la diferencia de precio entre los combustibles convencionales y limpios, pueden situar al transporte marítimo en la senda correcta para la transición energética. Pero necesitamos requisitos más sólidos para que los suministradores de combustible oferten los combustibles limpios necesarios. Por ello pedimos al Parlamento y al Consejo que apoyen objetivos vinculantes en la Directiva sobre energías renovables (RED)».
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