Santander invierte 442.829 euros en renovar la ciberseguridad del puerto
La Autoridad Portuaria adjudica a Ambar Telecomunicaciones un contrato de cinco años para sustituir equipos, mantener las herramientas de protección y reforzar la continuidad de sus servicios digitales.
La Autoridad Portuaria de Santander ha adjudicado a Ambar Telecomunicaciones la renovación de sus sistemas de seguridad informática y el refuerzo de la protección de su red. El contrato asciende a 442.829 euros y tendrá una duración de cinco años, un horizonte que incluye tanto la sustitución de los equipos actuales como el mantenimiento, el soporte técnico y la actualización continua de las herramientas de ciberseguridad.
La actuación responde a la creciente dependencia de la operativa portuaria de las comunicaciones y los sistemas digitales. La gestión de escalas, accesos, mercancías, documentación, facturación, seguridad y coordinación con empresas y administraciones necesita infraestructuras tecnológicas disponibles y fiables. Una interrupción o una intrusión no afectaría solo a tareas administrativas: puede alterar procesos que forman parte del funcionamiento cotidiano del recinto.
Equipos nuevos y protección durante cinco años
Los dispositivos que serán reemplazados fueron instalados en 2021. La adjudicación no se limita a una compra puntual, sino que incorpora un servicio prolongado para mantener las soluciones al día ante amenazas que evolucionan con rapidez. Según la información remitida por la Autoridad Portuaria, el objetivo es mejorar la detección y prevención de ataques, proteger las comunicaciones y asegurar la continuidad de los servicios digitales.
El presidente del organismo, César Díaz, considera la ciberseguridad un elemento esencial para el funcionamiento de las infraestructuras y los servicios portuarios. La inversión se integra así en una estrategia más amplia de modernización tecnológica. La política oficial de seguridad de la información del Puerto de Santander establece como principios la prevención, la detección, la respuesta ante incidentes y la gestión permanente de los riesgos.
Ese marco se apoya en el Esquema Nacional de Seguridad, regulado por el Real Decreto 311/2022. Para un organismo público, proteger los sistemas implica preservar la confidencialidad de los datos, su integridad, su autenticidad y su disponibilidad. También exige revisar vulnerabilidades, analizar riesgos de forma periódica, formar al personal y contar con mecanismos coordinados para responder cuando se produce un incidente.
La digitalización amplía también la superficie de riesgo
Los puertos avanzan hacia modelos más conectados mediante sensores, plataformas de gestión, automatización de accesos, intercambio electrónico de documentos y herramientas para coordinar operaciones. Esa digitalización mejora la eficiencia, pero también amplía el número de sistemas que deben protegerse. La seguridad informática deja de ser una función aislada del departamento tecnológico y pasa a formar parte de la resiliencia de toda la cadena logística.
En Santander, la inversión se suma a otros proyectos relacionados con la seguridad y la modernización del recinto. InfoPuertos ya informó de la colaboración del puerto con proyectos como Airdrone Port Security Systems y Muon Cargo, orientados a aplicar nuevas tecnologías a la vigilancia y al control de mercancías. La renovación ahora adjudicada se concentra en la capa digital que sostiene las comunicaciones y los servicios informáticos.
La elección de un contrato de cinco años permite mantener una actualización continuada, algo especialmente relevante en un ámbito en el que los equipos pueden quedar obsoletos antes de agotar su vida física. La protección depende tanto del hardware como de las versiones de software, las reglas de detección, la supervisión, la gestión de incidencias y la capacidad de reaccionar con rapidez.
Continuidad operativa y confianza
Para la comunidad portuaria, la disponibilidad de los sistemas es un factor de calidad del servicio. Navieras, consignatarios, operadores logísticos, transportistas y administraciones intercambian información que debe llegar en tiempo y forma. La inversión busca reducir la probabilidad de interrupciones y mejorar la capacidad de identificar comportamientos anómalos antes de que se conviertan en incidentes graves.
La adjudicación también tiene una dimensión de confianza institucional. Los puertos manejan información comercial, datos de personas y registros operativos cuya protección resulta imprescindible. El contrato fija recursos para sostener esa tarea durante los próximos cinco años y adaptar las defensas a un escenario cambiante.
La Autoridad Portuaria sitúa así la ciberseguridad dentro de su proceso de modernización. El resultado no se medirá solo por la instalación de nuevos equipos, sino por la capacidad de mantener los servicios disponibles, detectar amenazas, responder a incidentes y garantizar que la transformación digital del puerto avance con una base tecnológica segura.
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