La situación de incertidumbre está afectando directamente al empleo y a la estabilidad del transporte marítimo.
Desde el Sector Marítimo-Portuario de FeSMC-UGT, como sindicato mayoritario en el transporte marítimo y en el conjunto de las empresas del Grupo Armas-Trasmediterránea, «queremos trasladar nuestra preocupación ante la falta de resolución por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la autorización de la operación de compraventa del Grupo Armas-Trasmediterránea por parte de Baleària y DFDS«.
La situación del Grupo Armas-Trasmediterránea no es ajena a nadie. En los últimos años se han producido ventas de buques para obtener liquidez, incidencias técnicas que han supuesto paralizaciones de actividad, sobrecarga en las tripulaciones y una pérdida progresiva de competitividad en determinadas rutas. Esta dinámica ha afectado de forma directa al empleo y a la calidad del servicio que se presta en comunidades donde el transporte marítimo es esencial.
Además, desde el sindicato «queremos recalcar que esta situación afecta aproximadamente a 1.500 personas trabajadoras y a sus familias. Hablamos de empleo estable que es el motor de economías locales en numerosos territorios costeros, donde el transporte marítimo es un pilar esencial de la actividad económica».
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En este contexto, la operación de adquisición por parte de Baleària y DFDS requiere una decisión en plazo. Desde el sector marítimo-portuario de FeSMC-UGT recalcan que «entendemos la complejidad del procedimiento y respetamos el trabajo técnico del organismo regulador, pero creemos que prolongar la incertidumbre incrementa la fragilidad de la compañía (ya se advirtió de esta situación) y tensiona innecesariamente a las plantillas».
El sector necesita estabilidad. Las empresas, certidumbre. Y las personas trabajadoras, garantías sobre su futuro.
Desde FeSMC-UGT reiteran su disposición a mantener una reunión con la CNMC para trasladar directamente la realidad social y laboral que hay detrás de esta operación y poder dotar al sector de la estabilidad necesaria ya que al estar demorando estas decisiones se está poniendo en peligro el empleo de 1.500 familias, así como la prestación adecuada y necesaria del servicio de transporte maritimo en el territorio nacional.
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