La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, resaltaba el pasado jueves, durante la rueda de prensa del Consejo de Administración del ente que preside, que habían recibido una propuesta de multa por parte de la Agencia de Protección del Medio Natural por un expediente incoado en 2021 con un informe de 2022 y que ha llegado la semana pasada, añadiendo que en ese sentido se habían dirigido a la Delegación del Gobierno en Canarias para que retirara del Puerto de Arinaga las cerca de 130 embarcaciones, entre cayucos y pateras, que allí se acumulan y que son el origen de la sanción pues de ellos depende, resaltando que debía ser antes de 100 días pues es el plazo que se ofreció al ente portuario para esa retirada.
Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, se muestra convencido de que antes de esos 100 días se podrá proceder con esa petición ya que el estudio económico «está hecho» y únicamente faltaría proceder a solicitar el encargo a la empresa Tragsa: «Yo creo que se empezará antes de esos (100) días, es un tema más burocrático, nos ha cogido en un cambio en el Gobierno de España, pero los recursos están aprobados ya por el Consejo de Ministros y los estudios económicos están hechos para poder proceder a ese encargo a la empresa pública».
En este sentido, recuerda que el Puerto de Arinaga no es el único punto del Archipiélago en el que existe ese problema y por ello se está trabajando para solucionarlo cuanto antes: «En El Hierro ya se está procediendo a la retirada de los cayucos, que se encuentran fundamentalmente en el Puerto de La Restinga, y la idea con la que se está trabajando y para la que ya hay recursos por parte del Ministerio de Política Territorial es proceder a su eliminación también en el resto de las islas por parte de una empresa pública, que es Tragsa. Se va trabajando para evitar que haya una eliminación excesiva en un punto determinado, aunque seguiremos necesitando esos elementos de apoyo porque no se puede hacer de forma continuada, hay que acumular restos de esas embarcaciones, que como saben vienen por la inmigración irregular y que tenemos que proceder a su destrucción a través de gestores autorizados que nos permitan su eliminación conforme a la legalidad vigente».
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