Tras alguna polémica y anuncios de sanciones entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio, que afectaban directamente a los puertos de Canarias, a mediados de este mes, el recién nombrado ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciaba que «en menos de un mes ya se han retirado 155 cayucos, 75 del puerto de El Hierro (La Restinga) y 80 del puerto de Gran Canaria (Arinaga). La mayor parte de ellos ya han sido destruidos».
No se yo cuántos cayucos han llegado a las costas canarias, pero aplicando una burda regla aritmética se puede hacer una aproximación: si a lo largo de este año se calcula que habrán llegado una cifra cercana a las 40.000 personas, y en una cayuco de media van alrededor de 60-80 de ellas, aunque los hay que trasladan a 100 y hasta a 150 personas, estamos hablando de que habrían llegado a Canarias alrededor de 500 y 650 cayucos, sin contar los acumulados de otros años.
El delegado del Gobierno, confirmó en su momento a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que «la competencia para su destrucción es de ellos y que ya iban a trabajar en un pliego porque la empresa que lo haga tiene que reunir una serie de requisitos».
de interés ↷
The CMA CGM Foundation and the Egyptian Food Bank partner to support communities in need in Egypt
More information at: https://financialports.com/the-cma-cgm-foundation-and-the-egyptian-food-bank-partner-to-support-communities-in-need-in-egypt/
Como relataba la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, solo en Arinaga había más de 150 pateras, «es un número importante, la destrucción puede oscilar entre 600 y 1.000 euros cada una, con lo que multiplicando la cantidad es muy elevada, aparte del tratamiento de los motores, los aceites…».
Si volvemos a hacer número, estaríamos hablando de alrededor de 500 mil euros para destruir las pateras que han llegado en 2023, aunque es cierto que en las costas se acumulan pateras desde 2020, así que su número debe ser bastante superior.
Y aquí es donde empieza el galimatías. El consejo de Ministros celebrado el 28 de noviembre aprueba un acuerdo por el que se destinan 797.016 euros para la destrucción, carga y transporte de embarcaciones de inmigrantes y la gestión de los residuos generados en el puerto de La Restinga de la isla de El Hierro. Repito, solo para la isla del El Hierro.
A esa cantidad se sumó a principios del mes de diciembre el adelanto de otros 1,5 millones de euros para extender la actividad de retirada, tratamiento y destrucción de embarcaciones irregulares al resto de puertos canarios donde se acumulan este tipo de embarcaciones en las que llegan las personas migrantes. Y confirmó que para 2024 se destinarían otros 5,3 millones de euros para este fin. Es decir, hablamos ya de más de 7,5 millones de euros destinados a este fin.
O sea que es difícil de calcular,con estos datos, el coste que tiene la destrucción y tratamiento de residuos que genera una patera o un cayuco, pero parece que es una cifra bastante más alta que esos 600 o 1.000 euros de los que hablaba la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Hay que tener en cuenta que la diversidad de materiales que conforman estas embarcaciones, fundamentalmente madera y fibra de vidrio, además de cabos, combustibles y aceites, sumado a los motores requiere de la adopción de distintos procesos de recogida y transporte por parte del centro gestor autorizado de residuos.
El delegado del Gobierno, tras el requerimiento de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, declaraba que sería la empresa pública Tragsa la que se encargaría de la retirada de estos cayucos en toda Canarias, ya que «tenemos que proceder a su destrucción a través de gestores autorizados que nos permitan su eliminación conforme a la legalidad vigente».
Sin embargo, parece que la administración obvia que las pateras y cayucos han de ser considerados Buques Fuera de Uso -BFU y por tanto deben ser gestionados por un Gestor Autorizado en una instalación autorizada. No se puede realizar desguazados en un descampado, al aire libre, con una excavadora y un par de operarios. Así no. Y es que las prisas han llevado a eso. Y las empresas, si estar autorizadas para el tratamiento de Buques Fuera de Uso, con la connivencia de la administración, están haciendo se agosto, y aquellas que cuentan con instalaciones y procedimientos autorizados para ello, mirando al mar.
